Last Tour, la promotora detrás de BBK Live, bajo el foco por precariedad y subvenciones públicas e impagos

Last Tour, la empresa responsable de algunos de los festivales más conocidos del Estado como BBK Live, Azkena Rock o BIME, está en el centro de una creciente polémica. En los últimos meses, diferentes medios y colectivos laborales han denunciado irregularidades en la gestión de sus eventos: precariedad laboral, uso intensivo de fondos públicos y estrategias fiscales cuestionadas.

Según datos recogidos por El Salto Diario, Last Tour ha recibido más de 1,7 millones de euros en subvenciones públicas. De esa cantidad, 1,4 millones provienen del Ayuntamiento de Bilbao, 300.000 euros de la BBK y otros 25.000 del Gobierno Vasco. Estas cifras han generado malestar en el sector cultural local, especialmente entre artistas y colectivos que denuncian la falta de transparencia en la distribución de estos recursos.

Denuncias por explotación laboral en festivales

Pero más allá de las cifras, lo que más ha escandalizado son las condiciones laborales documentadas en varios festivales. El colectivo Laneko Autodefentsa Sarea ha recogido testimonios de trabajadores que aseguran haber hecho jornadas de hasta 17 horas por menos de cinco euros la hora.

Muchos de ellos trabajaban sin contrato, con pagos retrasados y sin garantías mínimas. Técnicos de sonido, personal de montaje, limpieza o producción coinciden en que, detrás del espectáculo, las condiciones son insostenibles.

Estrategias fiscales que levantan sospechas

A esto se suma la estrategia fiscal de la empresa. Last Tour organiza cada festival como una Agrupación de Interés Económico (AIE), lo que le permite deducirse hasta un 40% en impuestos.

Aunque este mecanismo es legal, ha sido criticado por su opacidad y por favorecer un modelo donde el beneficio empresarial prima por encima de la responsabilidad social.

Rechazo desde parte de la escena musical

Algunas bandas han comenzado a posicionarse públicamente. El grupo Nakar, por ejemplo, rechazó participar en uno de los festivales organizados por Last Tour como forma de protesta ante este modelo.

Su comunicado fue claro: no quieren formar parte de un sistema que “exprime a los de abajo mientras se lucran los de arriba”.

La batalla judicial con la SGAE

La promotora también mantiene un conflicto abierto con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), que ha emprendido acciones legales por impagos de derechos de autor entre 2022 y 2024.

La demanda incluye conciertos de artistas internacionales, como el de Taylor Swift en Madrid, gestionado por la misma promotora.

Un modelo de festival en entredicho

Más allá del caso concreto, el debate que abre Last Tour afecta al conjunto del panorama cultural: ¿qué tipo de festivales queremos? ¿Quién los financia y con qué criterios?

¿Debe el dinero público sostener un modelo de grandes eventos privados que reproducen precariedad laboral y concentración empresarial? Cada vez más voces piden repensar el modelo.

La respuesta de Last Tour

Last Tour, por su parte, ha defendido su modelo empresarial y ha negado algunas de las acusaciones que se han hecho en los últimos meses. En relación con la demanda de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por impago de derechos de autor, la promotora ha anunciado que presentará una contrademanda, argumentando que las tarifas impuestas son abusivas. Según la empresa, la SGAE pretende aplicar un 8,5 % sobre conciertos como el de Taylor Swift en Madrid, frente al 1,15 % que se aplicaría en el país de origen de la artista.

Además, en 2023, Last Tour se unió a la comunidad B Corp, comprometiéndose públicamente con estándares de sostenibilidad, responsabilidad social y transparencia. Hasta el momento, no se han emitido declaraciones oficiales por parte de la empresa sobre las denuncias laborales ni sobre el uso de fondos públicos.